Al tornarse tan visible la problemática de violencia de género, se ha ido consolidando la necesidad de un abordaje integral dada la multiplicidad de factores a los que obedece dicha situación, tales como: económicos, sociales, políticos, legales, los que a su vez encuentran arraigo en el conjunto de mandatos, tradiciones, creencias y normas que componen todo el bagaje cultural de cualquier sociedad.
Mientras el vocablo “sexo” se refiere al concepto biológico, desde la concepción binaria de los cuerpos de un hombre y una mujer; el término “género” forma parte de una categoría compleja que se ha ido construyendo por medio de pautas y características que diferencian lo femenino y lo masculino, a partir de las cuales se han constituido las jerarquías sexualizadas.
El concepto de sexo biológico ha sido un factor determinante para poder atribuir los roles y los comportamientos predeterminados a través de la historia de la humanidad; la jerarquización de lo masculino, como universal, dio lugar al patriarcado, organización social en la que la autoridad se ejerce a través del varón. Con el concepto género se torna evidente, además, la falta de reconocimiento de otras identidades sexuales, cuyos derechos civiles han sido reconocidos en nuestro país, a partir de la ley del Matrimonio Igualitario.

Trill enfatiza en el abordaje interdisciplinario en los casos de violencia familiar, de género, A infantil y con adultos mayores

Las causas por las cuales se ha relegado a la mujer al trabajo doméstico, a la procreación y al cuidado de los hijos ;en tanto al hombre se lo ha asimilado a todas aquellas actividades que construyen la regulación del orden político, lo económico y lo religioso encuentran sus razones antropológicas en el surgimiento de sociedades guerreras que sustituyeron a aquellas culturas basadas en la agricultura, en las que las mujeres desempeñaban roles esenciales y las deidades femeninas constituían poderosos arquetipos de creación, muerte y renacimiento en concordancia con los ciclos de la naturaleza. No resulta casual que, a medida, que se afianzaba un orden social basado en la conquista y la violencia, aquellas diosas fueran dejadas de lado para ser sustituidas por dioses, en los que la masculinidad se expresaba a través de la guerra, de las violaciones y los raptos de ninfas y doncellas.

Lo cierto es que, paulatinamente, los arquetipos de sanación y creación, que además han tenido el don sagrado de dar la vida, se perdieron de vista bajo el nuevo orden secular y religioso que fue derivando en el control del cuerpo de las mujeres y en su rol de sumisión al varón, solamente por su propia naturaleza femenina. Aquellas mujeres que no se adaptaban a las pautas que rigieron cada momento histórico, eran salvajemente castigadas; el medioevo da cuenta de esta situación en la cantidad de féminas que encontraron en la tortura y en la hoguera el anunciado final: eran por lo general solteras, ejercían el rol de curadoras del pueblo llano y conocían los secretos de la concepción y de la anticoncepción.
La evolución de las sociedades y la lucha por los derechos de los sometidos, trajo consigo la revisión de estos conceptos basados en la desigualdad y la subordinación propios del patriarcado, proceso que se encuentra en marcha y genera las resistencias de todo cambio y, por lo tanto, losconsiguientes desafíos para construir nuevas pautas basadas en la horizontalidad y en la igualdad de oportunidades que incluyen, sin duda, una educación sin roles preestablecidos y una vida libre de violencia.

Las diferencias que conllevan los procesos de cambio se han visto reflejadas en el abordaje del problema de la violencia de género: una mirada interinstitucional e interdisciplinaria resulta imprescindible y fundamental en relación con las víctimas, para poder abordar el origen multicausal del fenómeno, para poder posibilitar el acceso a los recursos del estado en su totalidad, y para poder hacer hincapié en aquello que aún no se ha implementado.

LAS VÍCTIMAS Y EL SISTEMA DE JUSTICIA
El sistema de justicia, en tanto poder del estado, no ha resultado ajeno a la rigidez estructural del patriarcado. Sus aspectos comunicacionales constituyen, en sí mismos, un obstáculo para el efectivo acceso ya que se requiere de información específica para comprender el desarrollo de los procesos judiciales; así, resulta sumamente necesario el desarrollo de políticas sociales, con el objetivo de facilitar dicho acceso en los casos de ciudadanos de escasos recursos, con una educación básica, o personas que se hallan imposibilitadas, por cualquier motivo, de poder ejercer los derechos previstos por el orden jurídico.
La apertura de los operadores judiciales deviene de manera imperiosa, con el objetivo de posibilitar la comprensión del problema de la violencia de género, ya que debe dejarse de lado la sectorización judicial con abordajes interdisciplinarios e interinstitucionales con la finalidad de desentrañar su raíz multicausal.
Desde la fiscalía se ha procurado integrar diferentes redes con los diversos efectores públicos y no gubernamentales, ello ha resultado en protocolos de actuación conjuntos a partir de la Mesa Interinstitucional de Riesgo en la que se participa, activamente, desde hace casi ocho años; a su vez, la Procuración de la Provincia de Buenos Aires ha promovido diversas herramientas, tales como: la informatización del sistema para llevar un registro efectivo; normas de actuación profesional para los fiscales; diferentes capacitaciones; un foro específico de violencia de género y la creación de la Defensoría temática en este Departamento Judicial, para acompañar a las víctimas de violencia en los procesos judiciales.
La mencionada Mesa Interinstitucional de Riesgo se encuentra coordinada por la Dirección de la Mujer del municipio y se encuentra conformada de manera heterogénea en su composición: efectores de salud, tanto municipales como provinciales, Centro de Asistencia a la Víctima, Comisaría de la Mujer y la Familia, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, PAMI, Defensoría y Fiscalía provinciales, Organizaciones no Gubernamentales y otros factores institucionales no permanentes; sesiona los primeros viernes de cada mes y ha ido generando una hoja de ruta para facilitar la información y evitar la revictimización, así como también ha establecido lazos entre los miembros, cuyo objetivo es el de lograr desestructurar la burocracia de los sistemas.

La promoción, prevención y protección de la ciudadanía es clave en el tema, trabajando en conjunto
los juzgados de familia y justicia penal

De esta manera, los nodos consolidados deberán impulsarlos procesos de cambio, puesto que no es nada fácil para ningún ser humano modificar los mandatos aprehendidos en toda su historia de vida; estas limitaciones son propias de todas las personas y deben ser reconocidas por los efectores, para que la víctima no sea repelida por el sistema al no superar, en principio, las etapas del círculo de violencia. Resulta necesario además, sin perjuicio de lo que devenga de la investigación, que el agresor participe de grupos de reflexión para quienes ejercen la violencia tanto de género como familiar, infantil y con adultos mayores, porque la repetición de estas conductas violentas, por su parte, también entroncan en su historia de vida y en la naturalización ejercida durante siglos por la misma sociedad, con patrones de” masculinidad tóxica”, según las palabras del periodista y escritor Sergio Sinay.

CONCLUSIÓN
Llegar a modificar una realidad implica no solamente establecer el contexto social en que dicha realidad ha tenido su desarrollo, sino también advertir las pautas que la hicieron posible y establecer los objetivos para consolidar el cambio de la misma. En relación con la violencia de género se impone una efectiva toma de conciencia de la cultura desigual que, con anclaje en el patriarcado, se manifiesta también en algunas prácticas judiciales y requiere aceptar que ha habido violencias legitimadas y peor aún, naturalizadas, que han sido ejercidas sobre destinatarios y destinatarias históricos.

Reflexiones de esta naturaleza resultan fundamentales para poder comprender que se requiere de tiempo y recursos no sólo jurídicos, para que las víctimas puedan sostener la decisión de modificar sus relaciones vinculares debido al carácter cíclico de los actos de violencia; estos recursos no se encuentran per se en el sistema de justicia, pero no por ello dicho sistema debe resultar ajeno a esta realidad, como manera de garantizar el acceso efectivo a los derechos que la justicia debe procurar.
La reflexión conjunta de todos los actores institucionales y de la sociedad civil en su totalidad, no puede llevarse a cabo con una mirada fragmentada y sectaria, porque los abordajes requieren de las herramientas clásicas del estado y de políticas creativas que profundicen en aspectos, netamente, humanos como: ejercer derechos, recuperar la autoestima o interrumpir el círculo de violencia en las futuras generaciones, cuestiones que no van a lograrse con la actuación segmentada de los diversos operadores, porque resultan aspectos diversos de la misma realidad.
Muy por el contrario, abordarlos conjuntamente constituye un nuevo y gran desafío para todas aquellas estructuras compartimentadas, que también requieren la internalización de los nuevos paradigmas para cumplir su rol en esta bienvenida dinámica social. ◊

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