Para reactivar la educación gratuita, el Gobierno decidió modificar el título de beneficiarios, que finalmente abarca a las universidades públicas que se comprometan a mantener o mejorar su “acreditación institucional” (certificado de calidad) y a las privadas que lo mantengan o mejoren, al menos por 4 años y que no presenten fines lucrativos. El proyecto prohíbe, también, el copago y la selección de alumnos para los establecimientos que reciben aportes del Estado.
Una de las dificultades en su aplicación es que Chile es un país, donde en su mayoría la educación superior es proporcionada por las instituciones privadas; además se ha añadido el hecho de que la gran subida de impuestos que el gobierno pensaba que tendría, para financiar sus reformas a la educación obligatoria y post-secundaria no se dio; de hecho, el Gobierno reconoció que los recursos no estarán para financiar todas sus promesas de campaña, análisis que la Presidente Michelle Bachelet sintetizó en la idea de: “realismo sin renuncia”.
El problema es de origen. Dicen que durante la precampaña nunca se calculó el costo de la gratuidad universal, y que solo se consideró para el 70% más pobre. De hecho, aseguran que no fue fortuito cuando la mandataria declaró que le parecía injusto financiar la educación superior a los más ricos.
Sin embargo, fue sorpresiva la decisión de la Presidencia de excluir a algunas instituciones de dicho proceso.
Las universidades que son miembros del CRUCH, un acrónimo que significa “Consejo de Rectores”, al igual que una selección de Instituciones Profesionales del país (básicamente, las escuelas politécnicas) y sus Centros de Formación Técnica (básicamente, colegios comunitarios) fueron, deliberadamente, excluidos del programa.
No hay razón para esto, ya que todos los IP y CFT, que son privadas, fueron incluidos en el régimen.
En su punto máximo, 800.000 estudiantes inundaron las calles y tuvieron el apoyo del 81% de la población
Cualquiera sea el motivo, pone a Chile en la posición extraña de darle matrícula gratuita a los estudiantes de medianos ingresos que asisten a una universidad del CRUCH y los préstamos a los estudiantes que estudian en el mismo programa, pero en una universidad privada.En teoría, el gobierno se comprometió a aplicar plenamente, la tabla de matrícula gratuita en una fecha posterior. Pero no está claro, exactamente, cuándo sucederá esto y dada la situación en las universidades privadas, ya sea, de hecho, cubrir todas las formas de educación. ¿Será cubrir los estudios de posgrado? ¿Va a cubrir los 7 u 8 años de Educación Universitaria (en la actualidad, la norma), o solamente los primeros años, de 4 o 5? Lo más importante: ¿En qué condiciones están las instituciones? ¿Van a ser compensados por tomar a todos estos estudiantes de forma gratuita?
¿Cómo cambiaron las cosas?
La nueva dirección de Chile no fue concebida por los políticos en las oficinas gubernamentales. Todo comenzó con los estudiantes en las calles. Las manifestaciones comenzaron en 2006 durante la Revolución Pingüino, llamada así debido a los uniformes blancos y negros usados por los estudiantes que declaraban que “la educación es un derecho humano”. Los alumnos universitarios lograron victorias tangibles de menor importancia, pero su objetivo final de la educación gratuita se mantuvo esquivo.
Las protestas estallaron de nuevo en mayo de 2011, con una larga ocupación de ocho meses de los campus universitarios, que desembocó en un movimiento sostenido de tres años a nivel nacional.
Miles de estudiantes realizaron una marcha el 26 de mayo de 2013, contra el modo de la campaña (la promesa de la Presidente de Chile, Michelle Bachelet), de la educación superior gratuita para todos y allí comenzó a tomar forma. Bachelet, entonces anunció que, en 2016, la educación superior gratuita estará disponible para las universidades incluyendo las técnicas, especialmente, para los estudiantes de ingresos más bajos.
Hasta ahora parecería ser una situación ganadora para el sistema educativo terciario. Pero la letra pequeña de la política de educación superior con matrícula gratis dice algo más: que sólo alrededor de 264.000 de los estudiantes más pobres, de un total de 390.000 en ese nivel de ingresos, se beneficiarán. En total, hay 1,12 millones de estudiantes de educación superior en Chile.
El lanzamiento tan esperado por el Presidente, el 21 de mayo de 2015, de matrícula gratuita para la educación superior, por tanto, ha desencadenado una tormenta en todas partes, incluso en las universidades y partidos políticos de izquierda, derecha y centro.
La matrícula gratuita solo se aplicará a los estudiantes más pobres de las llamadas universidades tradicionales (16 públicas y 9 universidades privadas) miembros del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.
Aquellos alumnos que se encuentran estudiando en institutos profesionales y escuelas técnicas no tendrán que pagar si asisten a escuelas acreditadas, sin fines de lucro, y, actualmente, solo 101 de los institutos profesionales y escuelas técnicas lo son y, únicamente, la mitad están acreditados, lo que significa que el beneficio se aplicará a solamente 60.000, de más o menos 500 mil estudiantes. Solamente, alrededor del 60% de los estudiantes de educación superior chilena obtendrán subvenciones o préstamos respaldados por el gobierno.
La cobertura parcial es temporal
El ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, explicó que la cobertura parcial es una medida temporal. Él ha dicho en repetidas ocasiones que recién en 2018, se cubrirán todas las instituciones que cumplan los criterios establecidos por el gobierno.
También sostuvo que el dinero necesario para implementar el proyecto no está disponible para este año, según la promesa de Bachelet de matrícula gratuita para todas las instituciones de educación superior, así como los ingresos procedentes de la subida del impuesto de sociedades del 27% aprobado, a principios de 2015, para pagar la reforma educativa. El jefe del tablón electoral del gobierno lo irá entregando en forma gradual.
