Históricamente, los baggara participaron del tráfico de esclavos que se desarrollaba desde Jartum hacia el sur, reduciendo la importancia de otras redes comerciales locales, lo que sumió al resto de la población de Darfur en la marginación económica. Completaremos esta caracterización general consignando que la distribución tribal puede ser sintetizada relacionando la forma de vida y las características geográficas: en el árido norte proliferan las etnias nómadas dedicadas a la cría de camellos; en el centro, los agricultores y en el sur, nómades dedicados a la cría de ganado.3
¿Por qué una región cuya población era homogénea desde el punto de vista religioso y cuyas diferentes etnias convivían más o menos pacíficamente puede devenir en una crisis de dimensiones inimaginables que incluye crímenes de guerra, prácticas de genocidio y una emergencia humanitaria difícilmente controlable? Varias son las posibles explicaciones que obviamente se relacionan entre sí.
Una de ellas es la variable medioambiental. En general la región es árida, pero además ha sufrido sequías cíclicas. A partir de la década del ´80, el suelo se ha ido desertificando cada vez más como consecuencia del cambio del régimen de lluvias: llueve menos tiempo y con menos intensidad. Además de la desertificación se ha producido un proceso de deforestación. La mayoría de la población comenzó a concentrarse en el sur de la región en la que se produce una superpoblación agravada por un aumento de la tasa de la natalidad. La lucha por conseguir las fuentes de agua o los pocos terrenos algo fértiles de la región enfrentó a las etnias de origen negro –como dijimos mayoritariamente granjeras o agricultoras –y las de origen árabe– generalmente ligadas a tareas pastoriles. Frente a este panorama se produjeron hambrunas y emergencias sanitarias de todo tipo que no fueron atendidas por el gobierno de Jartum.
Poco a poco el gobierno central fue visto como “árabe” y no como sudanés por lo que también paulatinamente fue creciendo el resquemor hacia él.
Políticamente, también podemos encontrar otros indicios que nos llevan a la guerra civil. A mediados de los ´80, la población de Darfur fue dividida en tres distritos redundando en una administración que favoreció a los árabes. Al producirse disputas por los recursos naturales entre diferentes tribus, familias o clanes4 y no contar la región con procesos judiciales previamente establecidos, se dejaron de lado los procesos habituales que utilizaban las diferentes etnias para resolver sus disputas –es decir, a través de los líderes tribales. Las tensiones étnicas se fueron avivando cada vez más cuando ante esta situación la administración árabe fallaba a favor de éstos.
La segunda guerra civil sudanesa también agudizó las tensiones interétnicas en la región entre los negros y los árabes.5 Todos estos elementos combinados provocaron los primeros enfrentamientos a lo largo del 2002. Como si no fuera suficiente, la cuestión de Darfur fue excluida de las conversaciones de paz que culminaron con el Acuerdo General de Paz.
LA CUESTIÓN POLÍTICA
La resistencia de Darfur se organizó a través de dos movimientos calificados por el gobierno como terroristas: el Movimiento para la Liberación de Sudán (SLM/A) – mayoritariamente integrado por la etnia fur – y el Movimiento Justicia e Igualdad (JEM) – mayoritariamente zagawa.
Si bien se habían producido enfrentamientos aislados durante las décadas del ´80 y ´90, las acciones se intensificaron desde mediados del 2002. A principios del año siguiente, los grupos insurgentes atacaron varios objetivos militares gubernamentales provocándoles serias bajas. A partir de allí, la situación degeneró en un espiral de violencia que no pudo detenerse.
El gobierno de Al Bashir también utilizó las tensiones étnicas de la región en provecho propio. Así, armó a las tribus locales árabes para que peleen contra ambos movimientos. Las milicias janjaweed6, que mayoritariamente estaban integradas por etnias árabes locales, combinaron su accionar con las fuerzas regulares del gobierno para enfrentarse a los rebeldes. Estas milicias, cometieron -y aún cometen- todo tipo de atrocidades contra la población civil. Los asesinatos en masa, la tortura sistemática y las mutilaciones, las violaciones múltiples constantes a mujeres y niñas, el robo de ganado, el saqueo de granjas, la destrucción de aldeas completas y la toma de reservas de agua fueron la constante desde el inicio del conflicto. A esto se agregan las detenciones arbitrarias, que incluyen asesinatos, torturas y largos períodos de detención sin acusación, y la falta de justicia para denunciar los crímenes.
Las mujeres y los niños son los más expuestos a la violencia y son blanco fácil de quienes los capturan para luego utilizarlos como fuerzas armadas –los niños– o esclavitud sexual –las mujeres y niñas.
El gobierno de Sudán –como ya se ha dicho- no solo amparó y fomentó estas prácticas, sino que las complementó con razzias de las fuerzas sudanesas y bombardeos indiscriminados a aldeas y campamentos de refugiados, muchas veces con aviones pintados de blanco para que simularan ser vuelos de asistencia humanitaria.
Los rebeldes también participaron de las masivas violaciones a los derechos humanos. Uno puede imaginarse entonces el estado de indefensión en que se encuentra la población civil.
En el plano internacional, Sudán explotó a su favor sus vínculos económicos con China provocando así la virtual paralización del Consejo de Seguridad en este tema. Esto le permitió poder negarse por varios años a que las Naciones Unidas enviaran cascos azules como fuerza de intervención e inclusive se dio el lujo de boicotear la ayuda humanitaria o de utilizarla como moneda de cambio frente las narices mismas de la Organización. Y pese a las evidencias del accionar del gobierno sudanés, ni siquiera pudieron colocarse sanciones.
Como concesión, Sudán aceptó en el 2004 que se enviara una misión de la Unión Africana. Así surgió la AMIS (Misión de la Unión Africana), una fuerza multinacional que no contaba con mandato para proteger a la población civil sino solo para registrar si se cumplían o no los ceses del fuego, motivo por el cual se permitía implícitamente la continuación de las barbaridades y crímenes de guerra. El único consenso que alcanzó el Consejo en materia de sanciones fue la aprobación de la Resolución 1556 que colocó un embargo de armas a Sudán7 cuando Al Bashir incumplió un compromiso firmado con Koffi Annan en julio de 2004 y nunca pudo considerarse la implementación de la única sanción que le hubiera importado a Sudán: el embargo petrolero. Tampoco se logró ningún avance sobre la calificación de genocidio de los sucesos de Darfur.
Tal como sucedió con la cuestión del Sur, después de múltiples conversaciones y ceses de fuego, logró firmar se el Acuerdo de Paz de Darfur (DPA), firmado en Abuja el 5 de mayo de 2006. Hasta hoy es el acuerdo base principal que rige las negociaciones para la paz en la región. Firmado bajo la mediación del enviado especial de la Unión Africana, los principales puntos del acuerdo consisten en consignar que Sudán debía manejarse bajo las reglas del estado de derecho, garantizando el sistema federal, la división de poderes, la independencia judicial, los derechos humanos, las libertades fundamentales, y elecciones libres y transparentes en todos los niveles de la administración.
Además se prevé, el desarme de las milicias janjaweed, el cese del fuego, y la abstención por las partes de todo tipo de ataques –ofensivas militares o aéreas de cualquier tipo, sabotajes, minado– reclutamiento y movilización de combatientes, de realizar movimientos que implicaran una redistribución de fuerzas que pudieran alterar la paz en la región, de permitir el ingreso de combatientes extranjeros, de implementar campañas o propagandas de hostigamiento y de toda agresión a la población civil incluyendo habitantes, desplazados, refugiados, personal humanitario y toda persona ajena a la guerra. Asimismo, las partes deberían abstenerse de cualquier acción contra la AMIS o personal internacional, comprometerse con la seguridad de los campos de refugiados y desplazados internos, no obstaculizar la entrega de ayuda humanitaria, implementar y colaborar con las medidas de desarme, reinserción y desmovilización. Por otra parte debería ponerse especial énfasis en la integración del ejército nacional de Sudán en donde los rebeldes pudieran tener un lugar. Se crearían zonas desmilitarizadas alrededor de los campamentos de los refugiados y en las regiones álgidas de enfrentamiento bajo control exclusivo de la AMIS, a la vez que se organiza un proceso de desarme a través del control de armamento.
LA PAZ QUE SE ANHELA
Los analistas han dicho frecuentemente que uno de los principales obstáculos para la implementación del acuerdo de paz radica en que no lo haya firmado el JEM. Sin embargo, si uno lee los términos del acuerdo, sus cláusulas son prácticamente incumplibles en tanto cuestiona las mismas bases del estado sudanés. Cumplir con lo estipulado en el acuerdo significa no solamente la transformación del estado islámico en otro con características más democráticas sino negar la historia y las características culturales del pueblo sudanés. Nuevamente se hizo bajo recetas occidentales plagado de buenas intenciones y sin considerar con quién se estaba negociando. Y si bien el contenido del tratado es completo representa más las intenciones de quiénes lo promovieron que medidas que efectivamente pueda cumplir el gobierno de Sudán. Resulta difícil creer que el Presidente Al Bashir pudiera de buenas a primeras cumplir con estos requerimientos.
El desacuerdo evidente en objetivos, reclamos y posiciones entre los grupos rebeldes también es un obstáculo para el avance del proceso de paz. A esto se suma la división de cada uno de los grupos principales en facciones más chicas que además se pelean entre sí.
Hasta el momento, el acuerdo no trajo la paz y la situación en Darfur continuó deteriorándose. Y resulta evidente que sin una fuerza de coerción con mandato que tenga la suficiente autoridad para hacer cumplir a las partes el acuerdo, es imposible conseguir la paz en la región.
Hemos dicho ya que el conflicto se había extendido a los países vecinos. El terror desplegado en Darfur provocó la huida de miles de familias que cruzaron las fronteras hacia el vecino Chad y hacia la República Centroafricana como refugiados. Pues bien, las milicias armadas y los grupos rebeldes también cruzaron a Chad donde perpetraron las mismas barbaridades que antes consignáramos.
Más que esto, paramilitares y milicias del ejército sudanés apoyaron a grupos rebeldes chadianos que querían la dimisión del presidente.8 Luego de acusaciones cruzadas, la situación desembocó en una declaración de guerra de Chad a Sudán en diciembre de 2005.
Un primer intento de paz se produjo en febrero de 2006 con el acuerdo de Trípoli, cuyos términos no fueron respetados ni por Sudán ni por Chad. Habrá que esperar hasta abril de 2007 para que el acuerdo de paz de Riyadh a partir de la mediación del rey Abdullah de Arabia Saudita, coloque un poco más de calma en la región. Este acuerdo fue reforzado por una misión de Naciones Unidas para el este de Chad y el nordeste de la República Centroafricana (MINURCAT) compuesta por 300 policías y un número no especificado de personal civil cuya función sería ayudar y asesorar a las policías locales en el mantenimiento del orden, la seguridad de los refugiados y de la población civil en general, evitar el reclutamiento de niños soldados, la violencia étnica, sexista y sexual, la violencia en general. Esta misión se completó con una fuerza internacional compuesta por efectivos de la Unión Europea para prestar la debida protección a la misión.
Hemos dicho que el Consejo de Seguridad no había podido tomar cartas en el asunto de Darfur. En el 2007, cuando los fracasos se hacían indisimulables y la situación escapaba a cualquier argumentación, logró consensuarse un acuerdo para emitir una serie de resoluciones más severas. Luego de un trabajo Conjunto entre la Unión Africana y el Consejo de Seguridad, se aprobó el refuerzo de la AMIS con tropas de Naciones Unidas con la necesaria aquiescencia del gobierno sudanés. Se aprobó entonces el despliegue de la UNAMID (Operación Híbrida de Naciones Unidas y la Unión Africana), definida como “una fuerza moderada y a gran escala de Naciones Unidas” –nótese los términos de la definición que muestran el esfuerzo de los negociadores para utilizar una fórmula “aceptable” para la sensibilidad del gobierno sudanés. Esta fuerza –que reemplazaría a la AMIS y estaría compuesta por 19555 efectivos y policía civil– a más tardar debía estar desplegada para diciembre de 2007.
Al poco tiempo Al Bashir comenzó a trabar el despliegue de la fuerza aduciendo que la formación de la misión debía ser únicamente africana. El gobierno sudanés objetó hasta el uniforme de las tropas de la UNAMID pidiendo que se usara otro con los colores de la Unión Africana9. Dos meses más tarde de la resolución, las tropas de la AMIS sufrieron trágicos ataques a su personal en la localidad de Hashkanita por milicias asociadas al gobierno sudanés.
Hasta ahora, no se ve claramente cuál es el destino final de las negociaciones sobre Darfur. Se presentan serias dificultades para su implementación y, si bien ha disminuido el nivel de violencia, los civiles de Darfur están lejos de alcanzar la paz.
Por los crímenes de Darfur, el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Dr. Luis Moreno Ocampo, procesó a Al Bashir y pidió su captura internacional.
No menos importante es resolver los límites definitivos del sur, en una cuestión que importa precisamente quien se quedará con la fuente principal de ingresos del país.
