Sin perjuicio de sostener que la inseguridad ya es un tópico cotidiano y de continuo auge, que se puede percibir en cada episodio criminal sufrido diariamente, ya sea que presente ribetes mediáticos o no, siempre vuelve a ser materia de discusión y tratamiento en campañas políticas, en los debates y análisis proselitistas, tanto para criticar las deficiencias de actuación del gobierno de turno y resaltar la virulencia de la situación existente, como para esbozar promesas y programas a implementar; llegado el caso de que un candidato arribe al poder, a modo de afirmaciones categóricas definitorias ( un tanto ingenuas si se valora la complejidad de cada problemática criminal), resurgen propuestas y programas, novedosos o no, integrando la batería argumental de cada candidato.
De esta manera, se ha generado la sensación, efímera por cierto, de que a expensas del resultado electoral, se podrían producir o no modificaciones de proyectos y modelos tanto económicos como políticos y de que esto repercutiría, indudablemente, en la inseguridad, la cual es uno de los pilares temáticos que siempre importan al cuerpo del electorado.
Lo cierto es que, según sea el modelo o estrategia que se sostenga y adopte en definitiva para la problemática, se pueden destacar varias asignaturas pendientes respecto del tema y que, bajo ningún concepto, con un abordaje de causas individualmente consideradas puede ser tratado con eficacia.
Primeramente corresponde dar un panorama del tratamiento histórico que le fue dado al tema, aproximadamente desde principios del presente milenio.
Máximo Sozzo explica que en Argentina el tema de la inseguridad se ha “politizado” (Sozzo, 2009), es decir que el brazo político de las estructuras estatales se ha ubicado en el centro de la escena desplazando al brazo administrativo, donde se encuentran los profesionales en el tema. 1
De esta forma, la cuestión de la inseguridad, en nuestro país, es más un debate político que justifica y legitima las políticas y decisiones estatales por la aclamación popular y no por su real desempeño. Sozzo explica que los gobiernos argentinos han tenido dos respuestas frente a la inseguridad: la “respuesta denegatoria” característica del neoconservadurismo que fue, fuertemente, impulsada por el brazo político favoreciendo el proceso de “politización” nombrado anteriormente. Las políticas llevadas adelante se pueden reducir en el incremento del uso de la fuerza por parte de las policías y, en consecuencia, el aumento de la población carcelaria; y el otro tipo de respuesta es la “adaptativa”, que “reconoce los límites de las maneras de pensar y actuar que, tradicionalmente, han sostenido los actores estatales competentes y busca generar innovaciones” (Sozzo, 2009).
Esta respuesta se da en el marco del neoliberalismo con el proceso de “responsabilización” donde se reubican las responsabilidades de los actores estatales en otros actores, principalmente en agencias privadas de seguridad.
La inseguridad, en Argentina, es más un debate político que justifica y legitima las políticas estatales por la aclamación popular y no por su real desempeño
Una de las modalidades de este proceso, especialmente en los últimos 15 años (Sozzo lo escribió en el 2009), es la “descentralización”, donde las tareas de los actores estatales se desplaza hacia los gobiernos municipales, lo cual se produce por un cambio en la implementación de la políticas, desde el modelo “top-down” hacia el modelo “bottom-up”2 en el cual, el gobierno municipal debe encarar las funciones en materia de seguridad delegadas por el estado. No solamente esto explica este proceso de descentralización, sino que también supone las mayores demandas en las ciudades, por causa de una creciente “micro criminalidad”, lo que provocó más exigencias a los gobiernos locales, especialmente en ciudades grandes y medianas.3
La idea no es descabellada, máxime cuando fue tratamiento de serias investigaciones universitarias. En el estudio de la incidencia de la política en las fuerzas policiales, citando en particular a la Provincia de Buenos Aires, señala Constantino4: “La hipótesis fundamental de este trabajo es que el ejecutivo provincial, y no la policía, es el actor que tiene las facultades y el interés de formular una política de seguridad determinada (de izquierda o de derecha) según su plan de campaña. A la vez, este plan de campaña está condicionado en gran medida por la ideología del ejecutivo nacional y la ubicación del elector medio. Si tenemos en cuenta estos factores, podremos acercarnos bastante a la comprensión de la formulación de las políticas de seguridad provinciales”.
Siguiendo dicha hipótesis, las políticas de seguridad se definen por una incidencia de recursos e ideología popular, que operan como variables condicionantes de las medidas que en definitiva se tomen. Por lo tanto, la política de seguridad de los gobernadores, que varía en cierta medida según el armado político del gobernador y la fortaleza o debilidad de las finanzas provinciales se verá desde dos aspectos:
· Si el presidente tiene altos niveles de popularidad y recursos fiscales, el gobernador elaborará un plan de campaña que llevará adelante una política de seguridad cercana a la ubicación ideológica del poder ejecutivo nacional.
· Si el presidente no cuenta con los recursos mencionados, el gobernador elaborará un plan de campaña que impulse una política de seguridad cercana a la ubicación ideológica del votante medio.
Conforme lo expuesto respecto del tratamiento de la inseguridad “desde el llano”, entendiéndolo como el arribo de las problemáticas en un contexto pormenorizado, no resulta desacertado, aunque tampoco apoyándose en la prevención policial, como variable omnímoda, es la solución.
La inseguridad es un problema bastante intrincado, producido por seres humanos naturalmente complejos, en un contexto de hipermodernidad virtual cada vez más multisectorial y vulnerable. No existen fórmulas mágicas ni soluciones a corto plazo. Al tratarse la inseguridad como un fenómeno sociológico, deben utilizarse procesos de estudio y metodología científica propios de las investigaciones cualitativas, enfocados en problemáticas específicas que vayan paliando las diversas manifestaciones de criminalidad.
Todo abordaje del tratamiento de la misma implica el tatamiento de dos ejes centrales siguiendo a Saín5 :
· Proteger a la ciudadanía de conflictos violentos y/o delictivos provenientes de otros individuos a través de medidas de prevención, conjuración y persecución de dichos conflictos (eje sustantivo).
· Resoluciones políticas orientadas a reformar y modernizar las instituciones del sistema de seguridad ciudadana (eje instrumental).
Como sea que se aborde el estudio de la inseguridad, y más allá de las políticas públicas que se apliquen destinadas al abordaje de la misma, la cuestión debe atenderse en relación a dos dimensiones básicas a las que les corresponden enfoques diversos, aunque no contrapuestos.
Por un lado, todo problema de inseguridad a nivel local, entendiendo el mismo como aquellos crímenes cometidos en el marco de relaciones sociales a nivel nacional, si se quiere, en un enfoque micro (ya sea a nivel comunal, provincial o nacional) y, por el otro, la conflictiva del crimen organizado, eminentemente transnacional, que no obstante su tratamiento y regulación extranjeros, afecta e incide en los delitos locales. Desde un perfil nacional y rememorando la enumeración, referida en alguna oportunidad6, se imponía como necesidad para el abordaje de la inseguridad un tratamiento armónico y coordinado de los siguientes temas:
· Instalación de políticas de salud pública
Con alimentación adecuada, contención sanitaria y asistencia médica pública se sientan las bases de una familia sana.
· Panoramas claros y continuos de inserción laboral
Sin perder de vista el porcentaje de las personas que se dedican al crimen; la falta de objetivos claros, la desocupación e inseguridad jurídica, obligan a los jóvenes a no tener expectativas de futuro y a transitar por la droga y la delincuencia.
· Educación
Resulta fundamental la instrucción cultural y formativa en los valores y los conceptos precisos, como sustento necesario para educar a los jóvenes en la cultura del trabajo y las buenas costumbres.
· Profesionalización y capacitación continua de los agentes policiales y de seguridad:
Selección de aquellos dotados de capacidad y preparación adecuada en cada área de la Policía; asignación de destinos de Jefatura Policial renovables anualmente, sobre la base del currículum vitae y con participación de los vecinos de cada localidad; incorporación de personal civil destinado a tareas administrativas; homologación del armamento particular del efectivo.
· Planificación de campañas informativas:
Deben participar sectores de gobierno en conjunto con la Policía y deben estar destinadas a escuelas y centros de enseñanza de todo nivel, informando sobre las enfermedades de naturaleza social como la drogadicción y el alcoholismo entre otras.
· Actuación conjunta con los organismos no gubernamentales y entidades intermedias:
Actuación conjunta con todos aquellos organismos, tanto no gubernamentales como con entidades intermedias: ya que estos son los destinatarios del servicio de seguridad pública y también los responsables de dotar la información constantemente a los operadores del sistema.
· Implementación de infraestructura concordante y balanceada entre los diversos operadores del sistema:
El trabajo correcto de la Policía necesita una estructura judicial y penitenciaria acorde (creación de más fiscalías y juzgados en la provincia de Buenos Aires; construcción de dependencias penitenciarias para evitar fugas y motines en comisarías).
Para ser honestos, los puntos antecedentes han sido trabajados en las políticas de gobierno implementadas hasta hoy, en particular en lo atinente a la profesionalización policial, campañas informativas e interrelación de agencias, las cuales podrían calibrarse como aspectos de coyuntura; pero aún se perciben cuestiones pendientes en materias de mayor profundidad, como la salud y la educación, especialmente en las provincias del interior y en partes del conurbano.
Por otro lado, las amenazas transnacionales generadas por delitos de resolución compleja como el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas, de suyo complicado aún para la agenda internacional, no son ajenas a nuestro país, incluso a nivel regional. Dichas amenazas potenciadas por la globalización, la virtualidad y las fronteras conforman mega organizaciones de múltiples actividades delictuales con financiamiento de empresas en apariencia legales.
A pesar delos significativos avances de los diversos tratados internacionales, que intentan dinamizar las relaciones entre los Estados, demasiadas veces, los enlaces de los operadores policiales o de seguridad, se mantienen reticentes al completo manejo de la información necesaria, para un abordaje no solamentecrítico, sino también coordinado, de amenazas reales que repercuten, posterior e inevitablemente, en la criminalidad local.
El terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de armas constituyen un problema de salud pública, de tal magnitud que revisten un expansionismo regional
En lo que respecta al tratamiento local de dicha problemática, no han existido propuestas significativas sobre dicho tema, exceptuando la implementación (como auxilio a las políticas de prevención y de saturación policial) de la redistribución de las fuerzas de control específicas, como lo son tanto gendarmería ,como prefectura (las cuales estuvieron abocadas, siempre a las fronteras y a los límites de control de cabotaje) volcadas hoy, al control y el resguardo del espacio referido a la seguridad urbana, hecho observado en el marco de operativos de presencia de agentes de seguridad y refuerzos a sectores del conurbano, con crítica específica a la Ley de Seguridad Interior, inundando de personal uniformado las calles, como prevención disuasiva, e intentando buscar un efecto tranquilizador en la población, no obstante, no ha llegado a apreciarse, con clara certeza, su efectividad en el área.
En conclusión, retomando la mención anteriormente realizada, a los idearios de campaña ya los fines de la enumeración de las propuestas proselitistas concretas, hasta el momento, se puede señalarse que el oficialismo continúa manteniendo su enfoque de policía local y pseudoasistencial, con evidente intensidad de presencia policial a nivel urbano, mientras las propuestas opositoras, más significativas, se hallanoscilando entre la profesionalización, la afirmación y la dotación de infraestructura tecnológica del cuerpo policial (a la usanza de la Policía Metropolitana) y a la proclama de un cúmulo de normas conjuntas atenientes al tratamiento del crimen organizado, basándoseen la coordinación de agencias y en el incremento de la penalidad. ◊
(1) Nota del autor: Ello sin perjuicio del favoritismo político en detrimento del “cursus honorum” o antecedentes profesionales y de mérito que presente.
(2) Tipos de abordaje de política pública: “top down” (en este caso la decisión política está separada de la administración, haciendo hincapié en la confianza del agente decisor). El modelo “bottom up” (exige inmediación entre el operador público y el ciudadano, como eje valorador del resultado de la política)
(3) Véase RM-n26, págs. 16/22.
(4) Constantino, Gabriel, El juego estratégico de la seguridad ciudadana en Argentina, (1996-2011), Cuadernos de Gobierno y Administración Pública 49, Vol.2, N°1 (2015), págs. 29/49. UNSM.
(5) Saín, Marcelo; Guía de evaluación del estado de la seguridad ciudadana en América Latina, PNUD, LAC SURF, 2005.
(6) Revista “Seguros”, Asoc. Arg. de Productores Asesores de Seguros (AAPAS), N°253, 2003, págs.8/10.
