En junio de 2014, los Eurodiputados respaldaron por mayoría absoluta la candidatura de Jean-Claude Juncker para presidir la Comisión Europea (CE) por los próximos cinco años. La Comisión es el órgano ejecutivo de la Unión y, junto con el Consejo y el Parlamento Europeo, son las tres instituciones que manejan la política interna y las relaciones exteriores a nivel comunitario. Dentro de la estructura de la UE, la Comisión tiene iniciativa legislativa, es decir, que propone el tratamiento de nueva legislación frente al Parlamento y al Consejo; esto le permite marcar el rumbo político a nivel comunitario, ya que solo puede actuar en cuestiones que no pueden tratarse a nivel nacional. La Comisión también está a cargo del manejo del presupuesto de la Unión, otro de los elementos importantes a la hora de establecer prioridades y definir estrategias y es, como representante de la Unión a nivel internacional, la encargada de velar por el cumplimiento de los tratados.
El candidato a presidente es propuesto por el Consejo Europeo, conformado por los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 miembros de la Unión y ratificado por el Parlamento y, una vez electo, él debe conformar su equipo de trabajo con los otros 27 comisionados, entre los que debe repartir las carteras. La elección de los comisionados se trata entre el presidente electo, el Consejo y el Parlamento Europeo y, si bien se designa uno por cada país miembro de la Unión, estos no representan a su país, sino a los intereses de la UE.
Jean-Claude Juncker, el nuevo presidente de la CE, viene a imponer un estilo propio a la institución, rodeándose de funcionarios de peso político y con tinte más conservador que su antecesor. El ex primer ministro de Luxemburgo y líder del Partido Social Cristiano de ese país reconoce los problemas que enfrentó la institución en los últimos años y quiere imprimir su sello dentro de la política comunitaria marcando un cambio en el rumbo y las prioridades de la Unión.
La ampliación de la Unión, así como el fortalecimiento del mercado interno, fueron los temas que marcaron la agenda en los últimos años, pero la nueva Comisión parece enfocarse en nuevas áreas. El presidente electo manifestó, incluso antes de asumir, que algunas de sus prioridades son avanzar con la unión monetaria, impulsar el crecimiento económico y continuar el tratamiento de los temas energéticos a nivel comunitario. Otro de los temas destacados en la agenda de la nueva CE son las protestas de la opinión pública frente a este tema, así como la crisis en Ucrania y las repercusiones por el referéndum en Escocia.
El primer desafío al que se enfrentó Juncker fue el de elegir el conjunto de comisarios y definir la estructura que quería darle a su Comisión. A partir de allí, debe comenzar a establecer prioridades y coordinar el trabajo de los comisionados con los vicepresidentes.
SUPERCOMISIÓN JUNCKER
Tras confirmarse, en junio pasado, su elección en el Parlamento, Juncker comenzó a trabajar en el armado de la nueva Comisión que lo va a acompañar en los próximos cinco años. Su prioridad número uno es hacer frente a la crisis económica y financiera que viene golpeando a Europa desde hace algunos años y para ello debe diseñar un plan de trabajo y conseguir los apoyos políticos necesarios para llevarlo adelante. Con estos objetivos, diseñó una estructura diferente para la institución, conformada por siete vicepresidentes que estarán al frente de los diferentes grupos de trabajo.
Sorpresivamente, en la presentación de la Comisión, Juncker no designó a los representantes de las potencias al frente de las vicepresidencias. Por el contrario, a la hora de conformar su círculo de mayor confianza, se inclinó a líderes políticos de países más periféricos, como Letonia, Finlandia o Eslovenia, muchos de ellos ex primeros ministros de su país, con la intención de devolver a la Comisión el peso institucional dentro de la Unión que perdió en los últimos años frente al avance del Consejo y el Parlamento Europeo. Necesita hacer frente a la crisis europea de los últimos años y para eso está dispuesto a implementar reformas para impulsar el crecimiento económico y frenar el desempleo.
El presidente, como líder de la institución, dispone el reparto de carteras y responsabilidades entre los restantes comisionados que son, a partir de su nombramiento, funcionarios de la Unión y deben manejarse con independencia política respecto del Gobierno de su país, así como de su partido, aunque su ideología política sin duda influyó en su designación. De hecho, 13 de lo27 comisionados vienen de partidos conservadores, al igual que Juncker.
Más allá de la elección de sus vicepresidentes, Juncker sabe que necesita el apoyo de los países más importantes a la hora de implementar sus ideas políticas; es por ello que reservó para ellos un lugar dentro del área económica de la institución, clave para impulsar la recuperación de Europa tras la crisis de los últimos años. Los representantes de Francia, Alemania y Gran Bretaña aparecen en puestos determinantes al frente de las carteras de Asuntos Económicos, Economía Digital, y Sociedad y Estabilidad Financiera, respectivamente.
La cartera de Comercio es otra de las posiciones importantes en la conformación de la Comisión, principalmente porque es quien será el encargado de continuar las negociaciones con Estados Unidos para la firma del Tratado Transatlántico de Comercio e Innovación (TTIP, por sus siglas en inglés).
ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS
Hace más de un año que la Comisión, como representante de la Unión Europea en los Asuntos Internacionales, lleva adelante las negociaciones para la firma de acuerdos con otros países u organismos internacionales. Cuando finalmente se concrete la firma del Tratado Transatlántico de Comercio e Innovación, se va a conformar la zona de libre comercio más grande del mundo.
Una de las tareas de la Comisión, como delegado de la UE en el exterior, es llevar adelante las reuniones para la formalizar un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos. Ya han existido anteriormente varias rondas de negociación que fueron llevadas adelante por la Comisión anterior. Para esta tarea, Juncker nombró al frente de la cartera de Comercio a la sueca Cecilia Malmström, quien será la cara visible de la CE para las negociaciones que siguen avanzando con buenas expectativas, pero encuentran sus mayores trabas en la opinión pública, que se ha manifestado en contra de la firma de este acuerdo.
Desde la CE ven la posibilidad de concretar este Tratado como una gran oportunidad para dar un impulso definitivo al crecimiento económico que permita salir de la crisis, apoyados en la creación de empleos y en el crecimiento de la actividad comercial a ambos lados del Atlántico. Sin embargo, el proyecto encuentra una gran resistencia en la opinión pública organizada a través de ONG y asociaciones civiles.
El hermetismo que rodea a las rondas de negociación ha generado un fuerte rechazo en la ciudadanía, que exige no solo mayor información, sino también tener algún tipo de peso en la toma de decisiones en temas tan relevantes como estos. Si bien no han salido a la luz oficialmente los avances en el acuerdo, entienden que este acuerdo va a servir a los intereses de las grandes compañías multinacionales en detrimento de las PYMES, lo que generará, entre otros efectos negativos, la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo. Además, organismos ambientales han manifestado sus preocupaciones por una posible disminución en las medidas para la protección del medioambiente, a favor de beneficiar el comercio internacional.
La Iniciativa Europea Ciudadana es una herramienta que tiene la opinión pública para hacerse escuchar frente a las instituciones, a través de junta de firmas, como una forma de acercar un reclamo formal para lograr que se revisen determinadas políticas. Ante esta situación, la Comisión ha movilizado los recursos para evitar que la Iniciativa Ciudadana lleve adelante la recolección de firmas, provocando de esta forma un descontento mayor en toda la ciudadanía.
REFERÉNDUM EN ESCOCIA: LA INDEPENDENCIA QUE NO FUE
El pasado 18 de septiembre, los ciudadanos de Escocia votaron, en una jornada histórica, la posibilidad de proclamar la independencia de su país respecto del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Tras 307 años de historia, los escoceses podían definir si querían continuar formando parte del Reino o si se establecerían como un país absolutamente independiente.
El resultado final del referéndum arrojó un triunfo del “NO”, y si bien Escocia continuará siendo parte del Reino Unido, millones de escoceses tuvieron la oportunidad de expresarse democráticamente sobre una cuestión tan importante como su soberanía.
El Ministro Principal de Escocia, Alex Salmond, fue el principal impulsor a favor de la independencia, uno de los puntos más importantes de plataforma política en 2013. Convencido de que se trataba de una oportunidad única, Salmond instó a toda la ciudadanía a votar a favor de la independencia total y absoluta de Londres, ya que no es suficiente con la libertad económica y financiera que ofrece el Gobierno británico. Tras la derrota, el líder del Partido Nacional de Escocia anunció que dejará su cargo en noviembre, cuando se celebre el Congreso Anual de su partido y se elija su sucesor.
Por su parte, el primer ministro británico, David Cameron, encabezó la campaña a favor del “NO” apoyado en las consecuencias irreversibles que podría generar una separación para el pueblo escocés.
Si bien desde la Comisión Europea evitaron tomar partido en esta cuestión, la posibilidad de quedar fuera de la Unión fue uno de los argumentos de presión que utilizaron aquellos que se manifestaron en contra de la independencia escocesa, lo que sería sin duda un costo político muy alto, ya que implicaría depender de una futura ampliación para solicitar el ingreso, además de tener que negociar miles de acuerdos de los que hubiera dejado de formar parte automáticamente.
Más allá del resultado final, esta oportunidad que vivió el pueblo de Escocia abrió el debate respecto de las consecuencias que la eventual independencia o separación de una nación puede generar a nivel comunitario dentro de la Unión. Un país que se independiza no puede, según lo establecen los tratados constitutivos, convertirse automáticamente en miembro pleno de la Unión, sino que debe aplicar, en caso que reúna todos los requisitos necesarios, para ser evaluado ante la posibilidad de una ampliación.
Los resultados de la votación fueron seguidos de cerca por todos los países de la Unión, especialmente España, que vive actualmente una situación similar con el Gobierno de Cataluña, que presiona hace años a Madrid para lograr su independencia. Inspirado en Escocia, Artur Mas, presidente de la Generalidad de Cataluña, impulsa un referéndum no vinculante para que el pueblo catalán exprese sus intenciones en las urnas.
UCRANIA
La posible incorporación de Ucrania como miembro de la Unión Europea ha generado una gran división interna en la sociedad entre aquellos que apoyan su ingreso a la UE y aquellos que, por el contrario, se muestran a favor de un acercamiento a Rusia. A raíz de esta dicotomía, la firma del acuerdo para avanzar sobre la adhesión pautada para noviembre de 2013 debió posponerse debido a una serie de protestas en su contra.
Con motivo de las protestas que apuntaban contra el por entonces presidente Yankovich, en febrero de 2014 se produjeron enfrentamientos entre los manifestantes. El presidente se vio forzado a dimitir su cargo y el Parlamento llamó a elecciones para mayo de ese mismo año. La Revolución Ucraniana de febrero generó una crisis social que dividió a la población en dos bandos y que llevó también a una crisis en la Península de Crimea, donde el presidente ruso Putin envió tropas para tomar el control de la zona, lo cual generó malestar en un sector de la población.
Tras el exilio de Yankovich, lejos de apaciguarse los enfrentamientos, estos fueron incrementando, especialmente en la zona de Crimea, donde la presencia rusa generó mayor tensión. En abril de 2014, los ministros de Asuntos Externos de Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y Ucrania firmaron el Pacto de Ginebra, en el que todas las partes se comprometían a colaborar para terminar con los enfrentamientos y bajar las tensiones en la Península de Crimea, pero los conflictos respecto del futuro de Ucrania aún estaban lejos de resolverse.
Tras el llamado a elecciones por parte del Parlamento, en mayo de 2014, Petro Poroshenko se impuso en las elecciones presidenciales, apoyado en una plataforma pro Unión Europea. Legitimado por el Poder Legislativo y con el apoyo internacional de la Unión Europea y Estados Unidos, el presidente electo lleva adelante un programa de reformas profundas que permitan a Ucrania formar parte a futuro de la Unión.
Mientras tanto, los enfrentamientos militares siguen siendo un foco de preocupación a nivel internacional y, si bien existen pactos para terminar con los ataques, los líderes políticos no han conseguido todavía poner fin a la guerra. En medio de los conflictos, en septiembre, tanto la Unión Europea como Ucrania votaron simultáneamente a favor del ingreso del país como miembro de la Comunidad en un futuro cercano. Con este respaldo, el presidente Proshenko manifestó que va a trabajar en un plan de reformas para solicitar la adhesión formal y preparar el ingreso para 2020. ◊
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