Las maras surgieron en los barrios de Los Ángeles en la década de los ´80, cuando las guerras civiles que afectaban países centroamericanos como Guatemala y El Salvador hicieron que muchas personas cruzaran la frontera en busca de un mejor futuro y terminaran quedándose en los barrios mexicanos de esa ciudad. Ya en los ’90, la criminalidad había continuado en aumento y como respuesta, el gobierno de EEUU fortaleció su política inmigratoria y empezó a deportar aceleradamente a inmigrantes que habían perpetrado crímenes a sus países de orígenes. Así en febrero de 2005, el ICE norteamericano (U.S. Inmigration and Customs Enforcement), lanzó el Operation Community Shield “OCS” (Operación Escudo Comunal), destinado a la identificación de cuadrillas violentas, sus operadores y cabecillas; como así también aquellos movimientos y operaciones criminales de las mismas tendientes a lograr su expulsión de los EEUU. Se organizó como una iniciativa de la aplicación de derecho nacional que trae toda la aplicación de la ley de ICE, accionada para llevar en la lucha contra las cuadrillas violentas de la calle. En cobertura del OCS el ICE trabaja en:
· Identificación de cuadrillas violentas y desarrollo de inteligencia en calidad de miembro, asociados y organizaciones.
· Disuasión, interrupción y desmonte de las operaciones de pandillas destinadas al lavado de dinero, armas y otros activos derivados de actividades criminales.
· Búsqueda, procesamiento y retiro de miembros de pandillas de los EEUU.
· Asociación con otras agencias en la aplicación de la ley localmente, a nivel estatal y a nivel federal, comprendiendo EEUU y el exterior, como también querellantes federales para desarrollar un efecto multiplicador de la fuerza en investigaciones y otras acciones de la aplicación de ley contra cuadrillas.
· Lograr afirmar los esfuerzos para sentar una conciencia pública sobre la lucha contra las cuadrillas violentas.
La planificación ordenó que los miembros de las cuadrillas se encuentran ilegalmente en EEUU, con una convicción criminal anterior o están implicados en crímenes con un nexo a la frontera, en particular atinentes al lavado de dinero, contrabando de seres humanos y narcotráfico1. Primeramente fue destinado a la organización de origen salvadoreño Mara Salvatrucha o MS18, para posteriormente ampliarse a todas aquellas comunidades “que intenten rutinariamente explotar o enganchar a actividades criminales violentas”, incluyendo a todas las cuadrillas criminales de la calle que planteen un riesgo a la seguridad pública y a una preocupación a la seguridad nacional, poniendo en movimiento una acción agresiva de la aplicación de la ley con la meta para investigar, arrestar y procesar a cualesquiera miembros, líderes y/o asociado violento de la cuadrilla de la calle MS-13 así como otras cuadrillas tales como Sureños, 18va cuadrilla de la calle, Reyes Latinos, Vatos Locos, Mafia Mexicana, cuadrilla de la Raza, Hermanos de la Frontera, Norteño, Florencia 13, Boyz asiático, Posee jamaicano y otros que intenten rutinariamente explotar o enganchar actividades criminales violentas.2 Como consecuencia de dicha política alrededor de 2000 pandilleros fueron devueltos a sus países de origen. De regreso en el denominado Triángulo del Norte, el territorio que comprende Honduras, El Salvador y Guatemala, estos mareros, no lograron reintegrarse a la sociedad y continuaron fortaleciendo redes de criminalidad y cimentando las relaciones delictivas entre estos países y las pandillas en EEUU.
Sobre esto, especialistas en materia de seguridad como Alex Zunca –un experto argentino en prevención criminal de la Policía de Maryland–, señalaron las eventuales consecuencias de dicha política de Estado. Al respecto el mismo manifestó “Las deportaciones son inevitables, pero representan una muy mala noticia para nuestros países. Por eso para mí es tan importante la prevención. El problema en EEUU es cada día más grave, pero, poco a poco, se ha ido extendiendo a Centroamérica y mucho me temo que algún día pueda llegar también a la Argentina…”. Agrega la publicación virtual de referencia que “El problema es cuando los deportados llegan a sus países de origen. Muchas veces las autoridades locales ni siquiera saben que son pandilleros y aunque lo supiesen, generalmente no tienen los medios como para contenerlos. Es así, como los pandilleros deportados fueron importando la violencia pandillera reinante en EEUU a sus propios países, de manera tal que hoy ha pasado a ser una preocupación de todo el hemisferio.” Así, la problemática de las pandillas, en cuanto subculturas unidas por ligamientos de conveniencia generalmente étnicos o de interés común ligadas a conductas criminales, son de carácter habitual en todas la zona Iberoamericana.
En la actualidad el monitoreo efectuado por las autoridades norteamericanas a través de la política llevada a cabo por ICE revela que las pandillas de la MS-13 y Barrio 18 de Centroamérica están en contacto constante con sus contrapartes en EEUU, lo que apoya las declaraciones de que las maras se han convertido en auténticos grupos del crimen organizado transnacional. Intervenciones telefónicas a las comunicaciones de las pandillas muestran cómo los líderes de las maras coordinan las actividades delictivas entre Honduras, El Salvador y EEUU. Las investigaciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas también mostraron cómo el dinero fue canalizado a los líderes pandilleros a través de operaciones “hormiga” –un método de contrabando que involucra múltiples transferencias de dinero en efectivo, en pequeñas cantidades, a menudo de no más de US$100 por transferencia. Hoy por hoy han consolidado su presencia en Washington DC, Virginia, California y en particular en Los Ángeles.
Las pandillas sin duda operan transnacionalmente en cierta medida, son capaces de utilizar sus redes a través de todos los países en los que operan para llevar a cabo crímenes transfronterizos. No obstante, siguen siendo fundamentalmente una red menos densa, más parecidas a las franquicias criminales que una verdadera estructura mafiosa, como el Cartel de Sinaloa de México. Es patente la interrelación entre estos grupos y subgrupos en el marco continental, con el favor de la globalización y la comunicación vía internet.
El ICE revela que las pandillas de la MS-13 y Barrio 18 Centroamérica están en contacto constante con sus contrapartes en EEUU
En la Argentina, sin perjuicio de la existencia de violentas comunidades de naturaleza mundial como los skin-heads o bad boys, adquieren particular relevancia los denominados villeros o tumberos, que se iniciaron en los complejos habitacionales denominados villas miserias, originalmente destinados a recibir corrientes migratorias del interior del país desde la década del 40 con finalidades laborales, en la actualidad están transformadas en concentraciones urbanas de escasos recursos económicos, nivel de vida marginal y miserable, escaso progreso social y conductas diarias que bordean o ingresan llanamente en la criminalidad, las cuales afectan directamente al cuerpo social.
Entiéndase que la denominación no afecta a los residentes de dichos complejos urbanos en tanto ocupantes de los mismos, sino a la subcultura generada a consecuencia de dicha manifestación social, como una expresión específica más de las localmente denominadas tribus urbanas. Aclaremos que éstas últimas se generan en los grandes ámbitos urbanos integradas por jóvenes con códigos y estilos particulares, cuales fueran estudiados por su particularidad como fenómeno social desde ópticas de ciencias varias como la criminología, psicología social, sociología o antropología y generadas por causas plurales como el ocio, la deserción escolar, el desempleo o el rechazo del joven a los roles asignados por la sociedad. En general, la falta de contención, la reprobación social, el vacío comunicacional de la comunidad y la indolencia generalizada crean un ambiente de frialdad sociocultural que congela cualquier acción asociativa integrada a la urbe.
Si bien la cultura villera no se encuentra organizada institucionalmente al nivel de las pandillas o maras de referencia en párrafos anteriores, variables significativas como crimen organizado, narcotráfico e incluso terrorismo, orientan su proyección a lograr esa tendencia grupal a conformarse como mano de obra criminal de primera línea. Esto se traduce con claridad en las manifestaciones culturales de las maras. Ejemplo acabado resulta ser la denominada cumbia villera, entendida como subgénero musical surgido como una “reacción ante la aceptación alcanzada por la cumbia a secas en el gusto medio de la audiencia a lo largo de los noventa, ya que vino a reflejar la aspereza de la vida en los márgenes del conurbano bonaerense, no sólo en cuanto expresión musical sino también como una modalidad de indumentaria que identificaba a sus cultores: zapatillas de marca, pantalón de gimnasia, campera deportiva y gorrita ad hoc”. La marcada tendencia apologética criminal se infiere en el contenido de sus canciones. Señala Andrade en el artículo citado: “Las letras de esta subespecie cumbiera pusieron en circulación una serie de expresiones provenientes de una jerga o una geografía urbana determinadas que se fueron entretejiendo con el habla popular: guachín (pibe o chabón), llantas (zapatillas) o rescatarse (ponerse las pilas). Esas mismas letras, apenas captaron la atención de los medios, instalaron la polémica. Y las mentes bien pensantes de turno encendieron la voz de alarma ¿Qué era esa música sino una apología del delito y del consumo de drogas? Como consecuencia de eso a mediados de 2001 una cruzada del Confer intentó, en vano, controlar su difusión. Simplificaciones al margen, lo cierto es que sus canciones lograron transcendencia masiva al costo de manejarse con ciertos estereotipos sociales y culturales que de alguna manera reforzaron los estigmas que los habitantes de las villas cargan sobre sus espaldas. Por caso, el delincuente común glorificado como héroe suburbano: “Hoy es un día especial/porque el Monito a la villa llegó/ dos años guardado estuvo/ y al fin la yuta hoy lo largó “La canción del yuta” (Yerba Brava).
Si bien la cultura villera no se encuentra organizada institucionalmente al nivel de las pandillas orientan su proyección a lograr esa tendencia grupal a conformarse como mano de obra criminal de primera línea
Así, un precondicionamiento ilícito o de alguna manera simpatizante con la criminalidad, se determina como un caldo de cultivo espléndido para que afloren estructuras organizadas de igual entidad que las pandillas referidas en los párrafos precedentes, tal como viene ocurriendo en las favelas de Brasil, cada vez más emparentadas con el narcotráfico y delitos de igual resolución compleja (tráfico de armas y personas).
Como dice Alex Zunca: “Argentina tiene pandillas” y sus acciones están expuestas; el periodista Juan Andrade especializado en música lo explica así: “Cuando en la villa subieron el volumen”. El fenómeno cumbia villera es un indicador muy claro.
De ésta forma, los paradigmas subculturales acabaron por sustituir los propios de la cultura de la postmodernidad actual. Al igual que la subcultura del narcotraficante, los modelos a seguir han variado en la sociedad. Como señala Alberto Forihg, politólogo graduado en Oxford, especializado en narcotráfico y docente de la universidad de San Andrés, el paulatino acostumbramiento de las prácticas y costumbres subculturales, como por ejemplo las normas de actuación del narco (los choques, los muertos, los peajes, la sangre) ancla afectivamente en la retirada del Estado como idea y como realidad cotidiana. “Pensemos que las personas contamos con tres agencias básicas de socialización: la familia, la escuela y el trabajo. Desde hace más de tres décadas, las familias están desmanteladas, y especialmente en el quintil más pobre de la población lo que prima son las familias monoparentales, donde hay muchos chicos que suelen quedar solos cuando la madre sale a trabajar. La escuela, como lugar de contención, puede hacer cada vez menos, y el trabajo ha desaparecido del horizonte de expectativas de esos mismos sectores, en donde las cifras de desocupación superan hoy el 30%. Frente a eso, el narco parece suplirlo todo: la familia (porque las bandas crean identidad y pertenencia – al igual que las pandillas agrega el presente autor) la escuela (porque transmite cierta clase de saberes, aun cuando no sean contenidos positivos) y el trabajo (porque concretamente les da algo que hacer a los jóvenes que no saben ni pueden hacer ninguna otra cosa), precisa”.
Con todo y ya en un contexto global, contrario a la política norteamericana descripta más arriba que, en principio, solo desplazaría la problemática a territorios ajenos al propio, corresponde al Estado como competencia exclusiva, la necesidad de prevenir tales conductas asociativas de criminalidad con claras pautas sociales de salud, educación y trabajo, como variables significativas para consolidar un estado social de bien común necesario a todos los integrantes de la comunidad, ello sin perjuicio del debido ejercicio de la política criminal y la persecución de delitos. Así conforme se señaló oportunamente con motivo de analizar medidas de política criminal contemporáneas a la opinión a transcribir se determinó:
solo instaurando un sistema coordinado con objetivos a corto, mediano y largo plazo, logrará reducir notablemente el índice delictual
para ello entendemos imprescindible la instauración de los siguientes tópicos:
· Instalación de políticas de salud pública. Solo con alimentación adecuada, contención sanitaria y asistencia médica pública se sientan las bases de una familia sana.
· Panoramas claros y continuos de inserción laboral. Sin perder de vista el porcentaje normal de las personas que se dedican al crimen, en la actualidad la falta de objetivos claros, la desocupación e inseguridad jurídica, obligan a los jóvenes a no tener expectativas de futuro y a transitar por la droga y la delincuencia.
· Educación. Resulta fundamental la formación cultural y formativa en valores y conceptos claros, como sustento necesario para educar a los jóvenes en la cultura del trabajo y las buenas costumbres.
· Profesionalización y capacitación continua de los agentes policiales y de seguridad, orientados a la policía de contención y prevención. Planificación de campañas informativas. Deben participar de estos sectores de gobierno en conjunto con la Policía y deben estar destinadas a escuelas y centros de enseñanza de todo nivel informando sobre las enfermedades de naturaleza social como ser la drogadicción y el alcoholismo entre otras.
· Actuación conjunta con los organismos no gubernamentales y entidades intermedias. Estos son los destinatarios del servicio de seguridad pública y quienes dotan información constante a los operadores del sistema. ◊
