Es por esta razón que el final de 2012 mantuvo a millones de personas en vilo como pocas veces se ha visto en la historia reciente. A principios de 2013, y haciendo una especie de extensión del reloj legislativo, la Casa Blanca, encabezada en las negociaciones por el vicepresidente Joe Biden, y el liderazgo republicano en el Senado, en la persona del tribuno Mitch McConnell, alcanzaron un acuerdo para aplazar el “abismo fiscal”. Después de eso, líderes, mercados y demás actores políticos y económicos en todo el orbe pudieron respirar con mayor tranquilidad. Sin embargo, el pacto encarnado en el American Taxpayer Relief Act of 2012 (ATRA) no terminó con la amenaza del “abismo”; apenas la aplazó unas cuantas semanas. Entonces, ¿qué es el “abismo fiscal”?; ¿cuáles son los riesgos aún latentes del mismo de cara a la segunda toma de protesta como presidente de Barack Hussein Obama?
Como es sabido, el déficit presupuestario heredado desde la presidencia de George W. Bush –alimentado en buena medida por el esfuerzo de la “guerra contra el terrorismo” y que hoy asciende a unos 900 mil millones de dólares (cuando Obama llegó a la Casa Blanca esa cifra era casi 50% mayor)—, la rampante deuda global estadounidense de 16,4 millones de millones de dólares (32% de los cuales ese país se los debe a sí mismo a través de pagarés en bonos del Tesoro), así como los remanentes de la tormenta financiera de 2008-2009, han colocado a Estados Unidos en una situación complicada. El peligro de que el gobierno estadounidense se quede en el mediano plazo sin dinero suficiente para operar, es decir, no sólo pagar sueldos de burócratas y políticos, sino financiar programas sociales, de investigación, defensa y demás funciones vitales del Estado, pone en alerta roja a los mercados internacionales, a sus grandes acreedores y, por ende, a la estabilidad económica mundial.
EL AGRAVAMIENTO FISCAL POST-CRISIS “SUBPRIME”
Luego del atentado del 11 de septiembre de 2001, la administración republicana de George W. Bush encontró el argumento ideal para lanzar una guerra contra el terrorismo supuestamente asentado en Afganistán, pero que tendría como verdadero objetivo el dominio del Medio Oriente como principal región productora de petróleo del mundo y como los principales antagonistas a liquidar Irak e Irán, países ambos que se enfrentaban de diversa forma a los intereses norteamericanos y a las grandes empresas transnacionales petroleras, a lo que se añadiría Afganistán, cuyas riquezas naturales no han pasado inadvertidas para los propósitos expansionistas de Norteamérica.
Con el fin de alcanzar sus objetivos el gobierno de Estados Unidos ha gastado entre el 2001 y el 2009 la suma de 1,08 billones de dólares en la llamada guerra contra el terrorismo.
Consecuentemente con su política de dominación mundial, a partir del 2001 los gastos militares de Estados Unidos a precios constantes del 2005 se incrementaron pasando de los ya mencionados 361,3 mil millones de dólares en el año 2000, a 626,2 mil millones en el presente año, lo que representa un crecimiento del 73,3% y una proporción del PBI que evolucionó en este período de un 3% al 4,9% (US Government, 2010).
El financiamiento de esta escalada militar ha tenido una repercusión mucho más profunda en los últimos 10 años en relación a períodos anteriores, incidiendo fuertemente en el déficit del presupuesto federal norteamericano y en el nivel alcanzado por la deuda pública.
Asimismo, debe destacarse que además del fuerte gasto militar, a partir de 2008 debe considerarse un elemento adicional: el incremento del gasto público en pos de campear la crisis “subprime”.
Por lo tanto, con la explosión de la crisis, las políticas, tanto fiscales como monetarias, han sido muy activas. En el corto plazo ha permitido a Estados Unidos mantener una modesta pero sostenida recuperación, con creación de empleo y mejora en sus indicadores tanto económicos como sociales. No obstante esta situación trajo aparejado el incremento sustancial de la deuda pública, la cual en el segundo trimestre del 2012 ascendió el 90% del PBI (unos 14 billones de dólares), lo cual pone al descubierto el abultado déficit fiscal presente en dicha economía, que oscila en el 8% del PBI, insostenible en el mediano plazo.
Sin embargo, los recurrentes estrangulamientos fiscales no son un problema actual para la economía norteamericana, ya que a mediados de 2010 se encontró con las mismas dificultades para solventar el abultado gasto público que llevaba a cabo con el fin de reactivar la economía.
De este modo, no caben dudas que el despegue económico de la región desde finales de dicho año es de destacar, sobre todo si tenemos en cuenta la recesión que estaba azotando a la Eurozona y a Japón, pero a costa de un incremento exorbitante de deuda. Un dato importante de mencionar es que en agosto de 2010 el país evitó un proceso de suspensión de pagos de deuda ya que demócratas y republicanos lograron un acuerdo para incrementar el techo de la deuda por un valor de 2,1 billones de dólares, lo que equivale alrededor del 15% del PBI norteamericano, con el compromiso de reducción del déficit público por valor de 2,5 billones de dólares en los siguientes 10 años.
SITUACIÓN FISCAL A INICIOS DE 2013
Llegaba el año 2013 y los desequilibrios fiscales parecían empujar a la economía del Norte hacia un precipicio sin escapatoria, lo que provocaría un efecto derrame sobre el resto del mundo. Pero una vez más, la solución aunque transitoria, finalmente llegó.
La Cámara de Representantes aprobó, con 89 votos a favor y 8 en contra, un acuerdo que evitó el llamado “abismo fiscal” que hubiera significado el alza de impuestos a una gran mayoría de la clase media estadounidense (salvo los de seguridad social) y recortes automáticos del gasto público, que hubiesen enviado a la economía a una profunda recesión.
Con la firma del ATRA, por ejemplo, se ejercerán algunos incrementos como al impuesto sobre la renta al 0.7% de los contribuyentes (individuos con ganancias superiores a los 400 mil dólares anuales o parejas que sumen más de 450 mil dólares por año), se consumó la expiración de una exención generalizada de 2% al impuesto sobre nóminas, aunque también se extendió el plazo al goce de beneficios sociales como las ayudas por desempleo, dado que aún persiste una tasa de desempleo elevada que oscila el 7%.
La medida aprobada por el Senado ofrecerá a los legisladores un tiempo prudente para analizar las pautas fiscales que deberán implementarse una vez que expiren las medidas transitorias, momento en el cual, los funcionarios del gobierno se verán en la necesidad imperiosa de recurrir nuevamente a la petición de incrementar el techo de la deuda pública.
Sin embargo, se aplazó por dos meses la entrada en vigor del “decomiso” y se dejó pendiente la negociación acerca del nuevo techo de endeudamiento que, como se recordará, ya se había subido hace unos meses, pero que ha vuelto a agotarse. De hecho, el “decomiso” fue una de las condiciones impuestas por los republicanos para aceptar el techo de endeudamiento que solicitó el Ejecutivo estadounidense –a través del Departamento del Tesoro—en 2011. En aquella ocasión, se permitió al gobierno poder continuar financiando la operación de la administración contratando deuda que acumulara hasta un total de 16,4 millones de millones de dólares, un monto que se estimaba sería rebasado el primer minuto de 2013 –y así fue.
En medio de esta encrucijada surge un nuevo debate puesto que el problema del “abismo fiscal” pone al descubierto dos frentes aparentemente incompatibles, por un lado, el incremento de la capacidad de endeudamiento del gobierno norteamericano en el corto plazo y por el otro, la disminución del exorbitante déficit fiscal que genera mayor demanda de deuda.
Un acontecimiento que vale destacar es el ocurrido en agosto de 2011, cuando a consecuencia del retraso en la ampliación del techo de endeudamiento, Estados Unidos sufrió la reducción por parte de la calificadora S&P de la nota de deuda soberana de AAA a AA+. De este modo, el problema que azota actualmente al país del norte es de suma importancia si tenemos en cuenta este incidente, ya que de no solucionarse este problema en el mediano plazo, también las agencias Fitch y Moody’s modificarán la calificación AAA referente a la deuda.
La incertidumbre emanada de los desequilibrios fiscales del Tesoro genera riesgos importantes en las economías americanas, en especial por la volatilidad que se genera en los mercados lo que a su vez condiciona el manejo de las políticas monetaria, cambiaria y financiera. Asimismo, las economías se verán afectadas por este panorama inestable que afectará los agregados macroeconómicos más importantes: el consumo, la inversión y el resultado de los intercambios comerciales internacionales.
Frente a este escenario sombrío, se prevé que como resultado de estos acontecimientos, se experimentará un crecimiento muy reducido del PBI durante el corriente año, con consecuencias directas sobre los países de la región.
Conforme se acerquen las nuevas fechas críticas del “abismo fiscal”, o sea, cuando se tenga que volver a discutir el techo de endeudamiento y los mecanismos para evadir el “decomiso”, el nerviosismo retornará a los indicadores económicos mundiales. No obstante, tal como lo señaló Newt Gingrich, líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes en tiempos de la presidencia de Bill Clinton, las partes en la mesa de negociación (cuando menos quienes van a tomar las decisiones, no quienes harán más ruido como la mayoría de los afines al Tea Party) saben que los límites de la deuda deben aumentarse y que “la lata deberá seguir pateándose” mientras haya margen para ello. En el ínter, republicanos y demócratas irán avanzando poco a poco ciertas posturas de su agenda. Por ejemplo, ATRA, si bien fue más cercano a las propuestas originales de Obama y sus correligionarios (como subir impuestos a los más ricos, aunque no fue en la proporción deseada en principio que se enfocaba en el 2% de mayores ingresos y no en el 0,7% como resultó al final), también incluyó parte de las exigencias republicanas (como no eliminar del todo los recortes de impuestos decretados por el presidente Bush hace una década y que estaban programados a desaparecer por completo).
Ahora bien, sin la presión de buscar una segunda reelección, los próximos cuatro años podrían caracterizarse por políticas de negociación más agresivas desde la Casa Blanca. Por lo pronto, la nominación de Jack Lew para tomar la jefatura del Departamento del Tesoro para el inicio de la segunda gestión del presidente Obama, dio una señal de que el Ejecutivo colocará al frente de los diálogos fiscales y presupuestales, no sólo a un funcionario de toda su confianza (en la actualidad es el equivalente al Jefe de la Oficina de la Presidencia), sino a un técnico duro y tenaz a la hora de defender una postura.
En el año fiscal 2011, 54% del presupuesto federal estadounidense se utilizó en los programas conocidos como “entitlements”, algo así como derechos de seguridad social (Medicare, Medicaid, seguro de desempleo, vales de alimentos y asistencia a clases desfavorecidas). Esa cifra estaría alrededor de los 2 millones de millones de dólares. La mayoría de los republicanos piensan que es demasiado lo erogado en esta categoría y han propuesto esquemas para redefinir estos apoyos. Por lo pronto, estos dichos son más impopulares que factibles. Sin embargo, el incremento en las presiones futuras emanadas del sistema de seguridad social en la Unión Americana es una realidad. De acuerdo con el reporte anual 2011 del Board of Trustees, Federal Old-Age and Survivors Insurance and Federal Disability Insurance Trust Funds, el sistema de seguridad social (constituido primordialmente por el pago de seguros por incapacidad, viudez y/o vejez, y que representa poco menos de la mitad del total de los “entitlements”) habría costado 713 mil millones de dólares en 2010. El costo de este fondo combinado podría pasar de su nivel actual de menos de 5% del PBI estadounidense, a 6,2% para 2035. Esto se debe a la gran presión que implicará el retiro de millones de personas nacidas entre las décadas de 1950 y 1960, cuando se registraron los últimos índices de natalidad creciente en ese país (los llamados “baby-boomers”). Esto, sólo por hablar de la seguridad social. Los apoyos de Medicare, Medicaid y Obamacare podrían representar un gasto similar o, tal vez, aún mayor. Por tanto, las discusiones acerca de ese tema tan delicado podrán posponerse con retórica, pero no tardarán mucho en aumentarle varios metros al “abismo fiscal”.
En suma, el tema del “abismo fiscal” no es tan coyuntural como podría pensarse. Por supuesto que no concluyó con el mínimo acuerdo logrado entre la Casa Blanca y el Congreso estadounidense a principios de este año. Tampoco terminará si se logran evadir los obstáculos propios de las negociaciones sobre el techo de endeudamiento y el “decomiso”, de las cuales tendremos noticias en las siguientes semanas. Este es un fenómeno que durará años, a menos que surja un acuerdo político bipartidista difícil de imaginar.
