RECURSOS NATURALES
Sudán es el Estado más grande de África. Con sus 2.505.813 kilómetros cuadrados, linda en la actualidad con ocho estados diferentes. Su población de 38,6 millones de habitantes no es homogénea: en el Norte la mayoría es musulmana y sus miembros se consideran étnica y culturalmente árabes. El Sur, en cambio, tiene población negra, mayoritariamente católica o animista y culturalmente se consideran subsaharianos. Más allá de esta distinción general, el país tiene casi cien etnias diferentes, las que a su vez hablan al menos cincuenta dialectos distintos. El conflicto de Sudán, es en realidad un complejo entramado que posee varios focos diferentes –uno de los cuales se extendió a Chad y República Centroafricana – pero en los que subyacen causas comunes. La principal reside en el control férreo y centralizado que hasta tiempos recientes, ejerció “el Norte” sobre la población del Sur, sin reconocer ningún tipo de autonomía ni autogobierno.
Esta situación se ve agravada por las características geográficas del país: el Norte, es predominantemente un desierto; el terreno es apto para los pastores nómadas pero no para el cultivo. El Sur, en cambio, posee un régimen de precipitaciones abundantes lo que hace que las mejores tierras se encuentren precisamente allí. Por otra parte, la mayor parte de los yacimientos de petróleo que representan el 70% de las exportaciones de Sudán, se encuentran también en el Sur. Esta relación inversa entre recursos y gobierno, avivado por la coexistencia de etnias diferentes en un mismo territorio, hace que la utilización de los recursos sea vista como un saqueo por la población del Sur y abone el terreno para la guerra civil; más aun si esta situación viene prolongándose desde hace más de un siglo.
Las condiciones de Sudán hubieran podido determinar la formación de dos Estados diferentes a la hora de la independencia; sin embargo, los acuerdos entre Gran Bretaña y Egipto llevaron a la conformación de un sólo país, sin ninguna consideración sobre sus diferencias poblacionales. A su vez, el fundamentalismo islámico alimentó el conflicto en tanto su influencia en el gobierno transformó el original conflicto Norte–Sur, en un conflicto entre musulmanes y no musulmanes, entre fundamentalistas islámicos y moderados, entre árabes y no árabes. Esta transformación hizo proliferar los focos de tensión y enfrentamiento: ya no sólo fue el levantamiento del Sur contra el Norte, sino que hubo enfrentamientos con los nuba, los beja, los fur. El nuevo carácter del enfrentamiento redefinió alianzas, aliados y partidos en pos de terminar con el enemigo común: el gobierno central de Jartum.
EL CONFLICTO NORTE-SUR
El enfrentamiento entre el Norte y el Sur comenzó antes de la independencia1, cuando los políticos del Norte coparon el gobierno autónomo otorgado por los británicos ocupando 794 puestos sobre 800 posibles. La reacción del Sur fue la proliferación de guerrillas y de diferentes movimientos que hicieron suyos blancos gubernamentales dando inicio a la primera guerra civil Sudanesa. Las refriegas entre los Anya Nya –la guerrilla del Sur– y las tropas gubernamentales terminarían en 1972 con la firma del Acuerdo General de Paz, dejando un saldo de 500.000 víctimas. Por el Acuerdo, el Sur sería gobernado a través de un Presidente elegido por una Asamblea regional, la que sería el responsable del gobierno exceptuando las áreas que quedaban bajo jurisdicción del gobierno nacional, en el que los sureños estarían representados. Militares del Sur (cerca de 12.000) incluyendo varios pertenecientes a los Anya Nya serían incorporados al ejército nacional. A su vez, se reconoció el árabe como lengua oficial del país y el inglés como lengua principal en el Sur; ambas deberían ser enseñadas en las escuelas y utilizadas en la administración del Sur. Nimeiri –el entonces presidente del Sudán– redondeó el acuerdo con una amnistía general retroactiva al año 1955.
Si bien el Acuerdo se cumplió durante los primeros años, la oposición del Norte a lo pactado, el descubrimiento de petróleo en el Sur en 1978 y la presencia del fundamentalismo islámico en los círculos gubernamentales –de la mano de Al Turabi–, llevó a que Nimieri renegara de sus compromisos y transformara a Sudán en un Estado islámico a partir de la imposición de la ley Sharia en todo el país. Cortes islámicas implementaron mutilaciones y lapidaciones para crímenes comunes de los que fueron víctimas la población del Sur y los no musulmanes del Norte. Por otra parte, el presidente decidió administrar directamente las provincias del Sur, suspendió su Asamblea regional y procedió a una redistribución territorial de las provincias sureñas a fin de controlar las regiones petroleras y que éstas quedaran fuera del Sur.
El Sur se reorganizó para relanzar su lucha contra el gobierno central a través del Sudán People Liberation Movement (SPLM) y su brazo armado el Sudán People Liberation Army (SPLA); comenzó así la segunda guerra civil Sudanesa en 1983. En 1985, en medio de disturbios y demostraciones generales de descontento provocadas por la insurgencia generalizada, la falta de alimentos, el hambre y la sequía en todo el país, un nuevo golpe de Estado terminó con el orden unipartidista de Nimeiri.
Luego de un gobierno transicional, y de otro encabezado por una coalición de partidos, un nuevo golpe militar llevó a la presidencia al general Al Bashir y junto a él al fundamentalismo islámico de Al Turabi, que se había reorganizado en el National Islamic Front (NIF).
Las consecuencias eran previsibles: el gobierno se manejó con el Estado de excepción: proscripción de todos los partidos políticos y organizaciones comerciales y religiosas no islámicas, purgas en las fuerzas armadas, la policía y la administración que alcanzaron a cerca de 78.000 personas, ejecuciones y torturas múltiples, la aparición de “centros de reeducación islámica” y de “ghost houses” de los servicios de seguridad.
La política interna tuvo su correlato externo con el apoyo de Al Bashir a Sadam Hussein en la Primera Guerra del Golfo y la concesión del refugio otorgado a Osama Bin Laden quien operó en el país desde 1991 y hasta 1996.
A su vez, apoyó al LRA ugandés en sus intentos desestabilizadores contra el gobierno de ese país. En 1996, el gobierno fue conminado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que extraditara a los tres responsables de atentar contra la vida del presidente egipcio Mubarak durante su visita a Addis Abeba en 1995. La negativa de Al Bashir provocó que el Consejo de Seguridad dictaminara sanciones contra Sudán y que EEUU comenzara a ayudar a los rebeldes y a los Estados vecinos. Más allá de esto, la cuestión no recibió mayor tratamiento por parte de la comunidad internacional. La respuesta a la política del gobierno fue la insurgencia generalizada en el Sur, en el Este y en el mismo Norte, donde proliferaron los grupos armados contra Al Bashir. El Sur radicalizó sus acciones y sus metas al ir reemplazando sus pedidos de autonomía por el objetivo excluyente de la autodeterminación. El SPLM/A iniciaron una lucha armada que culminó con la toma de las ciudades de Juba, Parajok, Owiny-ki Bul, Polataka, Magwe, Panyikwara Ame, Moli, Pageri, Loa, Ashwa, es decir todos los territorios del Sur del Sudán. Las tropas gubernamentales fueron vencidas una y otra vez.
Decenas de conversaciones de paz, acercamientos, mediaciones de personajes internacionales como Jimmy Carter y otras iniciativas de paz con organizaciones regionales o Estados de la Unión Europea fracasaron una y otra vez4. La misma suerte corrieron los miles de acuerdos para el cese de hostilidades y alto el fuego. Paralelamente, sequías y hambrunas se expandían por el país. El hostigamiento a las operaciones de ayuda humanitaria y la utilización de ésta como herramienta política, de presión o de mediación fueron la situación constante que debieron soportar los trabajadores humanitarios que quisieron llevar algo de alivio a la población sudanesa.
La cuestión del petróleo no representa una cuestión menor dentro del conflicto sudanés. El petróleo fue descubierto por la Chevron Company en 1978, empresa que recibió la primera concesión para su explotación. Pero luego del “quite de colaboración” del gobierno de Al Bashir5, la empresa abandono el país. La concesión y explotación de los recursos petroleros así como la construcción de oleoductos fueron concesionadas a empresas de dudosos orígenes relacionadas con organizaciones y bancos islámicos –la mayoría de origen saudí–, magnates y gobernantes saudíes, oficiales y funcionarios del gobierno sudanés.6
El gobierno realizó razzias a través de paramilitares, guerrillas muhayden y el mismo ejército sudanés en aras de liberar las zonas petroleras y formar un cordón sanitario que permitiera el libre accionar de las empresas.
Miles de personas se vieron forzadas a abandonar sus casas sin ninguna indemnización, otras tantas fueron esclavizadas, diferentes aldeas fueron quemadas, saqueadas y el ganado robado. Solamente para la construcción del oleoducto tanques, helicópteros y artillería fueron utilizados por el gobierno Sudánés contra ciudadanos indefensos. La misma suerte corrieron los trabajadores humanitarios. La guerra y el petróleo provocaron gran cantidad de refugiados y desplazados internos que sufrieron condiciones de vida inhumanas.
La extracción de petróleo estuvo fuertemente vinculada a los abusos y violaciones masivas a los derechos humanos por parte del gobierno de Sudán y sus etnias aliadas. Esto fue tolerado y hasta incentivado por las empresas extranjeras que pidieron asistencia al gobierno para la seguridad con lo que hicieron la vista gorda a las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el gobierno. Las mismas empresas contrataron seguridad privada que también violaron los derechos humanos con la venia del gobierno de Sudán llegando inclusive ellas mismas a utilizar niños soldados. Petróleo y guerra civil se vincularon.
