El origen
Su origen se remonta a un lustro atrás, al año 2006, cuando culminó el proceso de desarme y desmovilización de los grupos paramilitares nucleados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fruto de un acuerdo con el entonces presidente Álvaro Uribe. Los integrantes de esos grupos que no aceptaron el convide gubernamental y se mantuvieron fuera de la ley, se reorganizaron en nuevas entidades criminales. La Policía Nacional reaccionó rápidamente frente a la novedad, confiriéndole a las flamantes bandas el nombre con que hoy se las conoce: BACRIM.
Fuera de Colombia, el fenómeno BACRIM es poco conocido en América Latina. A este desconocimiento contribuyen diferentes factores: estas organizaciones son relativamente novedosas; sus contornos son difusos; suelen ser confundidas con otras entidades ilegales, o eclipsadas por éstas, e incluso no hay consenso sobre su definición. En este último aspecto puede resultar útil la conceptualización que propuso la ONU:
“grupos armados ilegales surgidos de la desmovilización de organizaciones paramilitares”, cuyo principal móvil “es la obtención de lucro económico, principalmente de actividades ilícitas”.
En efecto, desde sus enclaves estos grupos planifican y ejecutan sus actividades, cuya piedra basal es el narcotráfico. Así, controlan desde plantaciones ilegales de coca y amapola hasta laboratorios para su procesamiento, además de las rutas para su transporte y comercialización. En este marco, sus operaciones incluyen asesinatos, secuestros, extorsiones, robos y desplazamientos forzados.
La traducción cuantitativa de esas operaciones confirma la gravedad del problema. Christian Salazar, representante en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH), responsabilizó a las mencionadas bandas por el incremento en un 40% de las masacres registradas en el país; ese aumento sería el resultado de disputas violentas tanto entre grupos como entre facciones de una misma organización. Por su parte Diego Molano Aponte, asesor presidencial para cuestiones de Acción Social, ha declarado que en el transcurso del lustro 2006-2010, las BACRIM ejecutaron casi un centenar de desplazamientos masivos que redundaron en el traslado compulsivo de casi 30 mil habitantes.
De acuerdo a un informe de la Universidad Javeriana de Bogotá, en estos momentos. Además de paramilitares desmovilizados que retomaron las armas, y mandos medios de las AUC que nunca las depusieron, en sus filas confluyen mercenarios, antiguos miembros de las Fuerzas Armadas y jóvenes pobres, reclutados en zonas rurales. Los reclutadores de las bandas les ofrecen altos salarios a estos campesinos de escasos recursos, y los engañan al convencerlos de la necesidad de “limpiar” sus comarcas de insurgentes, delincuentes comunes y vendedores de drogas.
A partir de su origen y su composición, la ONG estadounidense Human Rights Watch considera a las BACRIM como “las herederas de los paramilitares”, mientras que otra organización defensora de Derechos Humanos, la Comisión Colombiana de Juristas, apela al neologismo “neoparamilitares”, que genera importantes desacuerdos. Se calcula que sólo entre el 7 y el 10 % de los miembros rasos de estas bandas son ex paramilitares, pero de los 63 jefes de estos grupos capturados hasta comienzos del presente año, más de 59 provenían de las AUC.
Financiamiento
Como hemos dicho, las BACRIM se nutren especialmente del narcotráfico, pero también de otras rentas derivadas de los juegos de azar, la prostitución, la minería, el abigeato, el tráfico de armas y la extracción ilegal de maderas preciosas. También regentean los llamados “combos”, verdaderas oficinas de cobro que usan para la extorsión de comerciantes y ganaderos. De acuerdo a algunos enfoques, estos grupos registran similitudes con las “maras” o pandillas que surgieron en Centroamérica a partir de los conflictos armados intraestatales que azotaron la región, sobre todo en Guatemala, El Salvador y Nicaragua.
El gobierno asegura que las bandas han hecho alianzas con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), por temas relacionados con el tráfico de drogas. Producto de estas alianzas, los guerrilleros pudieron retornar a zonas de las cuales habían sido expulsados hace años, por las Fuerzas Armadas o los paramilitares. En todo caso, este vínculo es paradójico, pues uno de sus principales argumentos de reclutamiento enfatiza en la necesidad de luchar contra los grupos insurgentes.
A pesar de que las actividades de las bandas están signadas por la búsqueda de lucro, la ACNUDH ha subrayado la gran cantidad de asesinatos que cometen, que suelen focalizarse en líderes sociales; activistas y miembros de ONGs; defensores de Derechos Humanos; policías y funcionarios gubernamentales; pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
Hace casi dos años, las autoridades establecieron los mandos y zonas de ubicación de las principales bandas criminales, a partir de una tarea conjunta realizada por el Centro Unificado de Información sobre Bandas Criminales (vide infra) y el Ministerio Público. La principal característica que tuvieron en cuenta las autoridades para considerar que un grupo delincuencial es una banda criminal, es que la mayoría de sus integrantes sean desmovilizados de las autodefensas.
Resultado de esa evaluación, el gobierno reconoce la existencia de seis bandas criminales: Paisas, Rastrojos, Urabeños, Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista Colombiano (ERPAC), Nueva Generación y Águilas Negras.
Sus características son las siguientes:
ERPAC: se encuentra presente en una quincena de departamentos, especialmente en Vichada, Casanare, Meta y Guaviare. Tendría unas 800 integrantes y comprobados contactos con las FARC.
Los Paisas: Delinquen en nueve departamentos, principalmente en Córdoba y Antioquia (incluyendo Medellín). Entre sus miembros se incluyen antiguos miembros de la organización del mítico narcotraficante Pablo Escobar. Mantiene alianzas con las FARC y los Zetas mexicanos
Los Urabeños: También conocidos como “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”: presentes en más de 150 municipios de 17 departamentos. Sus acciones delictivas son cometidas especialmente en la región del Caribe y la frontera con Ecuador. Tendría por lo menos unos 1200 miembros.
Los Rastrojos: Se expandieron rápidamente en los últimos años, hasta alcanzar más de 22 departamentos en el 2010. Sus bastiones incluyen Valle del Cauca, Antioquia, Chocó, Caribe y Norte de Santander. Sus efectivos rondan los 1500, incluyendo muchos antiguos mandos de las AUC. Registra vínculos con las FARC, por cuestiones de narcotráfico.
Nueva Generación: Su centro de operaciones delincuenciales es el departamento de Nariño.
A estas bandas criminales se le alegran muchas otras de menores dimensiones, entre ellas “Los nevados”; “Vencedores de San Jorge”; “Los Traquetos”; “Acun”; “Mano Negra de Codazzi”; “Sur del Cesar”; “Bloque Cacique Pipintá”; “ACC”; “Bloque Llaneros del Casanare”; “Seguridad Privada Meta y Vichada”; “HH”, y “Los Machos”.
Entre las seis organizaciones mencionadas en primer término se destacan las autodenominadas “Águilas Negras”. Bajo esa denominación se agrupan más de una veintena de entidades criminales de diferente tamaño y carentes de identidad ideológica, distribuidas por un centenar de municipios de veinte departamentos, esparcidos por toda la geografía nacional. En cuanto a sus efectivos, estarían en el orden de los 4 mil. Una señal de su peligrosidad está dada por la existencia de una unidad policial de elite para combatirlos (“Bloque de Búsqueda”) en su lugar de origen, el Norte de Santander.
Últimas actividades
En junio del año pasado, las Águilas Negras amenazaron a más de setenta ONGs vinculadas a las labores en materia de Derechos Humanos en Colombia, declarándolas “objetivo militar”, entre ellas la conocida Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA); concretamente, prometieron “asesinar” y “desaparecer” a todo activista que trabaje en el país en el tema del desplazamiento forzoso, un drama que en Colombia afecta a casi 5 millones de personas. Acompañando la exigencia, fueron asesinados dos personas que trabajaban por la causa de los desplazados.
Como respuesta, WOLA ratificó su compromiso con la situación colombiana y, aún reconociendo el esfuerzo del gobierno local por garantizar la seguridad de los activistas de Derechos Humanos, le solicitó al Departamento de Estado que no certifique a ese país en materia de Derechos Humanos, lo cual repercutiría negativamente en la ayuda policial y militar que la Casa Blanca le proporciona al Palacio de Nariño.
De acuerdo a la perspectiva del ACNUDH la mayoría de estas bandan suelen contar con una actitud de tolerancia por parte de las autoridades locales. De acuerdo a algunas lecturas, esa tolerancia se explica como efecto de la corrupción o por miedo a las represalias; otros enfoques, en cambio, apuntan a lazos de continuidad entre antiguos paramilitares y funcionarios públicos.
Más allá de la fundamentación, las sospechas sobre vinculaciones de este tipo se fortalecieron a fines del pasado mes de mayo, cuando en el departamento Chocó fueron capturadas, por nexos con el grupo Los Rastrojos, una docena de integrantes de los organismos de seguridad, un concejal y una secretaria de juzgado.
La respuesta del gobierno colombiano
La visión gubernamental no acepta la tesis de la tolerancia y los lazos de continuidad, contraponiendo la explicación de la corrupción. Desde esa perspectiva, las detenciones efectuadas en Chocó podrían constituir la punta del iceberg, de un fenómeno de infiltración de las BACRIM en las instituciones militares y policiales. Una investigación periodística efectuada por la revista colombiana Semana indica que más de 300 miembros del Ejército están bajo la lupa por sus vinculaciones criminales, mientras la Policía Nacional debió destituir por la misma causa una cantidad similar de sus agentes. La infiltración también alcanzaría a agentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), lo que explica las numerosas fugas de jefes criminales presos, incluso de penales de alta seguridad, como la cárcel La Picota, de Bogotá.
Frente a este complejo cuadro, el Poder Ejecutivo de Colombia ha diseñado una compleja estrategia en la cual desempeña un papel crucial la Comisión Interinstitucional contra las Bandas y Redes Criminales, constituida el 10 de julio de 2010 mediante el Decreto 2374 con el objeto de coordinar y optimizar los esfuerzos gubernamentales en la materia. El artículo décimo de ese decreto también crea el Centro Integrado de Inteligencia contra las Bandas Criminales (CI2 BACRIM), cuya misión es suministrar la información necesaria para la actuación del ministerio público en este tema.
Por su parte, las instituciones militares y policiales desempeñan un papel crucial, combatiendo en forma directa a las BACRIM; detienen o abaten a sus integrantes, allanan sus campamentos, incautan sus cargamentos de drogas y decomisan sus armas. Simultáneamente, el ministerio público articuló grupos especiales de investigación y ofrece importantes recompensas a quienes brinden información sobre las bandas, una iniciativa que facilitó la captura de numerosos cabecillas.
¿Será exitosa la iniciativa del presidente Santos para hacer frente a este flagelo criminal de nuevo cuño? Aunque nada está dicho en esta materia, la dimensión y complejidad del problema indica que los plazos nunca serán inferiores a varios años, lo que nos indica que seguiremos escuchando de las BACRIM en los próximos tiempos.
